En 2019, el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz falló en contra de la empresa Maxia por el contrato firmado durante la intendencia de Roberto Giubetich. En una resolución unánime el organismo controlador sospechó que todo obedeció a un ardid por las diferencias entre las condiciones de pliego y las del contrato. “En relación al anticipo, los pliegos de la licitación fracasada establecían un monto de $12 millones, pero la contratación directa fue por $21 millones”, señalaban.

Ya en 2020, la compañía rescindió el contrato con el Municipio de Río Gallegos y lo acusó de no cumplir con los subsidios. Sin embargo, el intendente Pablo Grasso, no sólo denunció penalmente el convenio alcanzado por la administración de Cambiemos, sino que Justicia mediante pidió la expropiación de la empresa de transporte. Un proceso que buscó, desde el principio, terminar con los vaivenes de los últimos años para garantizar un servicio de calidad a los usuarios.

Grasso inició, en ese entonces, conversaciones con la empresa City Bus y, en 2021, anunció la firma del contrato de concesión del servicio de transporte de pasajeros. La flota completa (que incluye 18 unidades) fue presentada a comienzos de marzo de este año, en un acto que encabezó el intendente capitalino junto a la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner.

Allí habían anticipado que el inicio del servicio sería el 15 de marzo. Algo que terminó postergándose un día y, por poco, no sucede. Es que los 58 trabajadores que se desempeñan en el transporte público de Río Gallegos, aún prestaban servicios para Maxia, que había dejado de pagar aportes patronales a los choferes y tampoco facilitó la posibilidad de que eso lo hiciera el Municipio mientras el sistema funcionó bajo su órbita por orden judicial.

La flota completa (que incluye 18 unidades) fue presentada a comienzos de marzo de este año, en un acto que encabezó el intendente capitalino junto a la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner. 

Para resolverlo, City Bus ofreció como salida que los empleados renuncien a Maxia y confirmó a La Opinión Austral que “el nuevo contrato contempla todas las prestaciones que tenían los trabajadores”. Sin embargo, el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Rubén Aguilera, había dicho que “hay incumplimiento de la empresa y del poder concedente en todos sus términos: traspaso del personal, el reconocimiento de las condiciones laborales, escala y antigüedad”.

En consonancia, este miércoles se presentaron a trabajar sólo 16 choferes de los 58 que debían hacerlo. “Son quienes accedieron a renunciar a Maxia y ser contratados por City Bus”, aseguraron desde la actual concesión. La decisión repercutió en la cantidad de colectivos que salieron a las calles: sólo circulan 8 de las 18 formaciones disponibles.

“Yo soy chofer hace muchos años. Imaginate que hace dos años que no tenemos aportes: entre la pandemia y el lío con Maxia. Por supuesto que iba a presentar mi telegrama de renuncia para poder trabajar en la nueva empresa”, confió a LOA uno de los trabajadores, quien deslizó que “varios compañeros iban a enviar ayer (por el martes) el telegrama, pero resulta que después no lo hicieron” ante supuestas presiones del gremio al que acusan de mantener un “arreglo” con Maxia.

De hecho, la UTA había adelantado que se mantendrían en “alerta” ante el inicio del servicio y que pedirían “explicaciones” sobre las condiciones en las que salen las unidades.

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