Un camionero fue detenido en la frontera entre Punta Arenas y Río Gallegos al descubrir que llevaba consigo un arma de fuego. El transportista, identificado como Nahuel Gaston Weber, intentaba cruzar a Chile por el paso fronterizo de Monte Aymond, para dirigirse a Tierra del Fuego. Allí, las fuerzas de seguridad constataron que no tenía permiso de tenencia de arma, y que además poseía municiones sin percutir.

La detención fue realizada inicialmente por personal de Aduanas, quienes avisaron de lo ocurrido a Carabineros cuando detectaron el arma, un revólver calibre 32, que iba tapado sobre el tablero del camión. En dicho contexto, el fiscal Manuel Soto instruyó que el imputado sea puesto a disposición de la justicia, siendo formalizado desde las dependencias de la Primera Comisaría de manera virtual.

Posteriormente, el abogado defensor Guillermo Ibacache señaló en la carpeta investigativa no está notificado de que se haya avisado al Consulado Argentino en Magallanes, y que es el proceder en este tipo de casos, por lo que solicitó que se declare ilegal la detención del imputado. Para ello también argumentó que el arma no fue peritada, señalando que el imputado declaró que fue un arma que recibió de herencia de un abuelo.

Por su parte, el fiscal Soto se opuso a la solicitud del defensor, señalando que se trató de una omisión involuntaria, además que no existe un peritaje balístico al momento, y señaló que ya se remitió una notificación vía correo electrónico al Consulado, entregando los datos completos sobre el hecho.

El imputado fue formalizado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, en calidad de autor. Posteriormente el Ministerio Público solicitó que se le aplique la medida cautelar de prohibición de salir de la región y firma semanal.

La defensa se opuso a la solicitud de la Fiscalía, optando por realizar la firma ante un consulado chileno en Argentina.

El Tribunal determinó dejar al imputado con las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, pero dada la condición del ciudadano argentino, se fijó un plazo de 15 días para el cierre de la investigación, y así no tenga que estar tanto tiempo en territorio chileno.

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