Un vecino de Piedra Buena deberá fijar domicilio de manera periódica y entregar donaciones a una organización de la localidad, luego de haber sido encontrado culpable de un delito federal.
Se trata de un ahora ex empleado del Correo Argentino, de apellido Argañaraz que, por motivos que se desconocen, decidió descartar una gran cantidad de cartas en el vaciadero de la ciudad del interior de la provincia.
El hecho que, más allá que es curioso e insólito, consta como un delito federal ya que contempla a personas que esperaban recibir su documentación personal de jurisdicciones de otros puntos del país y se vieron directamente damnificadas.
El suceso se registró en el año 2018 y de no haber sido por las redes sociales podría haber quedado impune. Toda la investigación empezó cuando un compañero de trabajo de Argañaraz vio en el grupo de “compra y venta Piedra Buena” de Facebook que habían viralizado un video.
El registro fílmico daba cuenta de una persona que estaba grabando el suelo de un sector del vaciadero donde se veían varías cartas dispersas entre toda la basura. En su momento, el video fue un “boom” en la ciudad, llegó a tener más de 20 mil visualizaciones y despertó la curiosidad de la comunidad que hasta se movilizó al vaciadero para ver si entre todos los residuos estaba su correspondencia.
La Opinión Austral tuvo acceso al video. El mismo no dura más de 30 segundos y se ve como el hombre vecino abrió la cámara trasera de su teléfono celular y muestra toda la documentación en el suelo. Aunque no habla, en la descripción de la publicación en Facebook puso: “ahora entiendo porque no me llegan los resúmenes de la tarjeta“, en tono jocoso.
Lo cierto es que, más allá de lo chistoso que pudo haber sido el hallazgo, una gran cantidad de vecinos de la localidad sufrieron la no entrega de su correspondencia. Se trataba de 384 cartas que correspondían a resúmenes de tarjetas de créditos, préstamos, de empresas de electrodomésticos e impuestos que no llegaron a domicilios para que sean pagados posteriormente.
En consecuencia, la investigación preliminar determinó que esas casi 400 cartas estaban en la esfera de su dominio y, por sus labores en el Correo Argentino, debería entregarlas en los domicilios de los vecinos, hecho que no fue tal y que incurrió en un delito federal contemplado por el Código Penal.
En este sentido, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, con el fallo de la Justicia Federal se supo saber que, por ejemplo, entre todas las cartas que habían sido desechadas, había 72 que correspondían a una empresa de créditos para automóviles, 102 boletas de la empresa Camuzzi Gas del Sur, 18 del Banco Santa Cruz y hasta una boleta por una infracción de tránsito cometida en jurisdicción de la la Municipalidad de La Plata. Correspondencia que nunca había llegado a los domicilios de sus propietarios.
El artículo 154 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto”.
Finalmente, en un debate abreviado, Argañaraz reconoció el delito y la Fiscalía General Federal, a cargo de Patricia Kloster, solicitó la pena imponible por el delito cometido. Pedido que fue aprobado por el acusado y su abogado defensor Raúl Andrade.
Finalmente, tras la audiencia de visu, la Justicia Federal resolvió la situación judicial de Argañaraz. El juez Gabriel Reynaldi tuvo en cuenta una serie de atenuantes, el contexto y la situación a la hora de deliberar y dar a conocer su fallo.
Entre sus fundamentos, el magistrado entendió que Argañaraz es un hombre mayor de edad, padre de dos menores, sin antecedentes penales, además de haber reconocido su responsabilidad en el delito.
Respecto de la pena en suspenso, Reynaldi consideró que el hecho que el hombre sea detenido, acarrearía la pérdida de su fuente laboral. Cabe remarcar en este punto que Argañaraz ya no es trabajador del Correo Argentino sino que cumple labores en la escuela industrial de la ciudad del interior de la provincia.
Por todo eso resolvió condenarlo a la pena de un año de prisión en suspenso y a fijar domicilio de manera periódica.
En el mismo sentido, en caso que Argañaraz no quiera perder el beneficio de la libertad, además deberá donar, de manera bimestral, un pack de doce leches en la Cooperadora del Hospital distrital local.
De igual manera, el acusado podría ser encarcelado en caso que no cumpla con las pautas de resocialización impuestas por el magistrado.
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