A casi tres años de animarse a denunciar a su abuelo por abuso sexual, está próxima a elevarse a juicio la causa que tiene a este hombre imputado por haber sometido a dos pequeñas menores de edad cuando las niñas estaban bajo su cuidado.

El caso conmocionó a Río Gallegos cuando salió a la luz. Fue en 2020, en plena pandemia, cuando las madres de las adolescentes visibilizaron y expusieron al acusado, junto a otros familiares de víctimas de abuso sexual en nuestra ciudad.

Las denunciantes -que hoy casi son mayores de edad- en agosto de 2019 se animaron a contarles a sus familiares que, cuando tenían entre 8 y 11 años, su abuelo las abusaba cuando estaban en el interior de su casa, en el barrio APAP.

Primero fue una de ellas la que se animó a revelar lo acontecido, luego lo hizo su prima.

Las causas quedaron en manos del Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo de Rosana Suárez. La magistrada, al ver que se trataba del mismo presunto autor, decidió unificar los expedientes y ordenó las pericias correspondientes. Posteriormente, la jueza debió excusarse.

El acusado es un hombre de 77 años identificado por las siglas IJRextrabajador de Vialidad Provincial, jubilado, que fue imputado y procesado sin prisión preventiva por ser considerado autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado agravado por el vínculo -hecho 1- en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante reiterado doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de su situación de convivencia preexistente -hecho 2-“.

 

El procesamiento llegó dos años después de la denuncia. Es que en el medio, el azote del coronavirus complicó el avance de cientos de causas en Santa Cruz, con un Tribunal Superior de Justicia que se dedicó a prolongar una y otra vez las ferias judiciales extraordinarias y sólo se trataban causas de suma urgencia.

La jueza marcela Quintan está a cargo de la causa de abuso.

La jueza Marcela Quintana, titular del Juzgado de Instrucción N° 1, encontró los elementos suficientes para imputarlo por abuso sexual. También se le trabó un embargo de $ 500 mil, pero, pese al grave delito del que está acusado, el jubilado nunca pisó una comisaría.

En virtud de “la ausencia de antecedentes criminales, habré de mantener el estado de libertad”, resolvió la magistrada, amparándose en el Artículo 293 del Código Procesal Penal.

El hecho de que nunca fuera detenido era algo que las familiares veían venir, en virtud de la avanzada edad del denunciado.

En los últimos días la familia de una de las menores -que está representada por los doctores Ricardo Camutti y Sofía Nemirosky– tomó conocimiento que el fiscal José Antonio Chan requirió a la jueza la “clausura de la instrucción del sumario por haberse cumplido todas las medidas propias de esta etapa y encontrarse reunidos los extremos para la habilitación siguiente” y, en ese sentido, solicitó la elevación a juicio de la causa.

“Que no siga en la calle”

“Sólo quiero que avance, que no siga en la calle, estamos muy cansadas mentalmente”, reflexionó la madre de una de las menores en contacto con LOA y agregó: “Esperamos que esto termine y mi hija pueda comenzar su vida sabiendo que se hizo justicia por todo el daño que le causó”.

EN ESTA NOTA Abuso sexual

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