El planteo se hizo al juez que lleva la causa, Manuel de Campos, a quien también solicitó citar a declaración indagatoria a una agente de la Policía de la Ciudad que ese día estuvo a cargo de la seguridad en el lugar, informaron a Télam fuentes judiciales.

Gómez Barbella actúa como fiscal en el marco de una denuncia de oficio presentada por su colega Mónica Cuñarro y que quedó sorteada en el juzgado de De Campos.

El pedido de detención e indagatoria del hombre, quien fue identificado por la división Crimen Organizado de la Policía Federal, se hizo por el presunto delito de “amenaza coactiva agravada“.

En cuanto a la integrante de la Policía de la Ciudad la fiscalía solicitó indagarla por supuesto encubrimiento, en un planteo hecho al juez De Campos, quien deberá resolver sobre los pedidos.

El fuero nacional en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires intervino en lo ocurrido ante una denuncia que presentó la fiscal Cuñarro al día siguiente de los hechos.

Por los mismos incidentes, el Instituto Patria radicó otra denuncia por “intimidación y amenazas” en los tribunales federales de Retiro.

En su denuncia, la fiscal sostuvo que en la tarde del 21 de julio, frente al Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80 y “mientras un grupo de personas se encontraban manifestando en la calle”, el ahora imputado “profirió a través de un megáfono reiteradas frases amenazantes, de gravedad y de tenor intimidatorio a Cristina Fernández de Kirchner con el claro propósito de que abandone sus funciones como Vicepresidenta“, según el texto al que tuvo acceso Télam.

En la denuncia, la fiscal detalló que todo ocurrió frente a al menos dos efectivos de la Policía de la Ciudad.

Los agentes “pese a esas frases intimidatorias, no solo no detuvieron el accionar flagrante dando intervención al fiscal nacional en turno” sino que con uno de ellos mantuvo “una platica de conocimiento anterior”.

El acusado “saludó con un puño” a uno de esos policías y luego continuó con las amenazas a través del megáfono, agregó la denuncia.

“Dichos acontecimientos, a mi juicio, constituyen los delitos de amenazas coactivas, que concurren idealmente entre sí y a su vez con el delito de intimidación pública“, sostuvo la fiscal denunciante.

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