El comisario y contador Hernán Casassa había sido citado ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia en el marco de la investigación por el armado de la denominada “gestapo antisindical“, una derivación de la “mesa judicial” destinada a perseguir y encarcelar a gremialistas durante el gobierno de Cambiemos.
Según consignó el diario Página/12, Casassa contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand -a quienes ya mencionaba en la grabación- también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes.
La particularidad de su descripción es que mostró que el armado de causas en la provincia no era una cuestión aislada sino que había una política de espiar y acusar penalmente generalizada que, todo hace suponer, se manejaba desde la Casa Rosada y la AFI. Lo que quedó a la vista en su relato es que los expedientes -en especial contra políticos opositores y sindicalistas- se habrían nutrido con aportes de la AFI, de Asuntos Internos y también de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Imputación
Esta semana, la fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, imputó a la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por su presunta participación en el armado de la denominada “gestapo antisindical”.
“Se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la Ciudad de la Plata“, señala el escrito de la fiscal.
En el texto la fiscal también pide que se libre oficio a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que informe, previo levantamiento de secreto, “si alguno de los presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 se les ha provisto de aparatos de telefonía encriptada o satelital y, en su caso, se indique se indique el o los números de de abonados, y si los mismos han sido devueltos al organismo”.
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