Tal como anticipó La Opinión Austral, las provincias ratifican su decisión de avanzar en bloque federal en contra de una medida que el gobierno de Mauricio Macri decretó y que derivó en un juicio ante la Corte.
Lo que se discute con el traspaso de la Policía Federal a la orbita de la ciudad más rica del país es cuál es el mecanismo por el que la Nación decide la distribución de los recursos.
Ayer fracasó la segunda instancia de tregua declarada por el máximo tribunal. Llegó el momento de que un fallo ponga una decisión sobre la mesa.
“Lamentablemente”
El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se refirió este miércoles a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos del traspaso de la Policía a la órbita porteña y dijo lamentar que las autoridades de esa jurisdicción “crean estar por encima de la ley”.
Mientras desarrolla actividades en la provincia de La Rioja y a través de su cuenta en la red social Twitter, el funcionario nacional sostuvo que durante los siete encuentros mantenidos, la Casa Rosada mostró “predisposición y propuestas superadoras” para “alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606″.
“A pesar del esfuerzo manifestado desde el Gobierno Nacional para alcanzar un acuerdo (…) hoy cerramos la etapa de negociaciones solicitada por la Corte Suprema de Justicia sin arribar a una solución conjunta”, explicó.
En 2020, el presidente firmó un retroceso en la coparticipación de CABA.
Ese informe, contrario a los intereses de la Ciudad, fue aprobado por los representantes de 21 gobiernos provinciales, entre ellos varios aliados políticos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias”, añadió el ministro de Interior.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
El funcionario nacional afirmó que la decisión del gobierno de Mauricio Macri de casi triplicar los fondos para la Ciudad “atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias, además del empleo en todo el país”, mientras se ve “cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires”.
El bloque federal
Tal como anticipó La Opinión Austral, la gobernadora de Santa Cruz y sus pares de Buenos Aires, Formosa y otras 14 provincias, impulsaron el escrito en el que expresan su preocupación ante la participación extralimitada de la Corte Suprema al intervenir en el conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación que durante el macrismo se duplicó.
El documento, titulado “El Federalismo no se negocia”, fue firmado por gobernadores de 17 provincias que se reunieron ayer en el Consejo Federal de Inversiones, en Buenos Aires.
Gildo Insfrán. FOTO: LA POLÍTICA ONLINE
Ya en marzo de este año, la gobernadora Alicia Kirchner había hablado del tema en la reunión que mantuvo con Alberto Fernández y otros 18 mandatarios provinciales, donde adelantó que el objetivo de las provincias es llevar adelante “un reclamo federal a partir de una actitud egoísta de un municipio grande como lo es la CABA”.
“Las provincias nos unimos en un reclamo federal ante una situación que está violando el plexo normativo constitucional“, dijo la mandataria.
Por otro lado, agregó que “queremos recuperar la coparticipación que nos quitaron porque son los fondos necesarios para aportar al desarrollo y la transformación, que permitirán hacer crecer y radicar mayor población en nuestro territorio”, afirmó la primera mandataria.
La idea de las provincias era ir ante la Corte como amicus curiae (amigos del tribunal) para aportar fundamentos en favor de la postura del actual Gobierno Nacional.
En la nota presentada por las provincias a la Corte Suprema de Justicia señalaron que “la decisión unilateral, discrecional e injustificada de la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar el coeficiente de participación de la Ciudad de Buenos Aires, eludiendo la obligación constitucional de someter a tratamiento parlamentario el acuerdo de traspaso y los recursos comprometidos, constituyó una verdadera violación al federalismo”.
Alicia Kirchner en la reunión del CFI. FOTO: LA POLÍTICA ONLINE
En este sentido, agregaron que “se rompió el equilibrio existente entre las jurisdicciones, se desoyó el procedimiento previsto en la Constitución Nacional y se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, aumentando los recursos de un distrito que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal en comparación con la mayoría de las provincias argentinas”.
Una veintena de provincias aprobó la el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación y contradiciendo así la justificación del gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.
Para atrás
El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto Nº 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso Nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.
La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones, plazo que vence hoy.
Las provincias
Tal como dio a conocer La Opinión Austral, el escrito fue elaborado este martes por los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Raúl Jalil, de Catamarca; Jorge Capitanich, de Chaco; Mariano Arcioni, de Chubut; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Sergio Uñac, de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Omar Perotti, de Santa Fe; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
Se supo además que Alicia Kirchner, Gildo Insfrán y Axel Kicillof fueron los que más promovieron que debían elaborar un documento en defensa del federalismo marcando esta postura, que se presentará ante la Corte Suprema para requerir también, “de modo inmediato”, ser aceptados como amicus curiae.
Mariano Arcioni, gobernador de Chubut.
De acuerdo a la información que pudo obtener La Opinión Austral, los gobernadores no tienen dudas en presentar acciones judiciales complementarias. Una fuente reveló que “hay que corregir las distorsiones”. Es a raíz de que varios decretos afectan la disponibilidad de los recursos de las provincias.
Durante la reunión del martes, más que nunca los líderes provinciales pusieron énfasis en que no van a aceptar “más decisiones que violen nuestro federalismo”. Flagrancia fue otro de los términos utilizados para dar relieve al reclamo.
Advierten que se sienten discriminados, haciendo foco en el centralismo porteño. Además, se enumeró cómo se poseen menores subsidios para la energía que se consume en el interior del país y un valor más caro para los combustibles.
Por eso, ante la inminente resolución de la Corte por el conflicto de estos fondos para la Ciudad de Buenos Aires, marcaron que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos”.
Enfatizaron, también, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Destacando asimismo que “las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes”.
Entre los argumentos del documento, recordaron que con la sanción de la Ley Nº 23.548, de coparticipación federal de impuestos, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, financiada con recursos nacionales.
Es oportuno destacar que después de la reforma constitucional de 1994 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado. Pero esto fue modificado por un decreto de Mauricio Macri y pasó al 3,75%. Para los gobernadores, esa decisión se tomó de “una manera injusta e injustificada”.
Por otro lado, los mandatarios provinciales manifestaron que sus jurisdicciones reciben subsidios menores en energía y transporte que los de la Ciudad de Buenos Aires.
Del mismo modo, elevaron el reclamo por el costo del combustible, que es bastante más caro en el interior del país.
En esa línea, señalaron que las provincias deben hacerse cargo de sus fuerzas de seguridad y destinar sus propios recursos para afrontar estos costos.
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