El Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio procesó, sin prisión preventiva, al intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españon, por haber falsificado la ordenanza de la Orgánica Municipal para sustituir y agregar cargos y secretarías.
Junto con el jefe comunal fueron procesados por el mismo delito el concejal Horacio Lavie, el secretario de Gobierno, Carlos Fuentes y la secretaria General del Concejo Deliberante, Anita Castro. Además fue imputado por encubrimiento el entonces secretario del bloque oficialista local, Martín Agüero.
La jueza Bettina Bustos dispuso la medida para el intendente, el concejal y los dos funcionarios por hallarlos “prima facie” como “coautores en orden al delito de Falsificación de Documento Público Agravada” y “abuso de autoridad en concurso real entre si.
Según se desprende de la resolución a la que pudo acceder La Opinión Austral, al intendente Españon lo acusaron de que el 7 de junio de 2020 adulteró la ordenanza del Organigrama interno de la Municipalidad de 28 de Noviembre para modificar la cantidad de cargos de funcionarios públicos.
El Intendente Fernando Españon, el Presidente del HCD Horacio Lavie y el Secretario de Gobierno Carlos Fuentes.
Las denuncia la presentó ante la Justicia de Santa Cruz, Erna Gatica, presidenta del Concejo Deliberante de 28 de Noviembre luego de que la jefa de Despacho de la legislatura local, Alicia Páez, se diera cuenta que en su computadora, en la que tenía acceso por clave, faltaban carpetas correspondientes a la orgánica que había sido aprobada días atrás, al igual que el digesto de todas las ordenanzas y tampoco en la papelera de reciclaje de la PC.
Al buscar la copia rubricada en soporte papel, que le había enviado al Intendente para aguardar su promulgación, tampoco estaba en el lugar donde la había dejado. Lo mismo ocurrió cuando fueron a buscar el expediente al Archivo General, a cargo de Rocío Caliva.
Cuando fueron a preguntarle a la secretaria General del Concejo Deliberante, Anita Castro, una de las procesadas, ella les dijo que “por órdenes de Presidencia”, que en ese entonces estaba a cargo de Lavie, “habría borrado toda información de la computadora y retirado del bibliorato la documentación faltante”, según consta en el acta judicial.
Lo ocurrido fue un escándalo. El 18 de junio los concejales pidieron interpelar a Lavie y a Castro y declararon varios empleados del concejo donde revelaron los pedidos de las autoridades para falsificar la ordenanza. En esa misma sesión renunció el titular del Concejo y la Secretaria General. La declaración de la encargada del Archivo fue clave y la prueba de cuatro fojas con la foliatura adulterada, tachadas, salvadas o agregadas, con distintos colores de las tintas de impresiones con respecto al resto del proyecto también.
En el expediente también se relata cuando Castro le pidió a Paez la contraseña para ingresar a la PC y que luego de ello la máquia comenzó a funcionar mal.
En los cambios, Españon intentó quitar el límite de 2 secretarias privadas para su despacho, y creó la figura de la Secretaría de Salud y Ambiente con 8 nuevos cargos, el de Asesor Coordinador Político y la Dirección de Casa de 28 de Noviembre.
Según el Código Penal el delito prevé una pena de uno a seis años de prisión, por tratarse de un instrumento público.
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