Miercoles 18 de Abril de 2012
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Cámara de Diputados
Buscan implementar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en Santa Cruz
Es a partir de una primera reunión de trabajo, mantenida entre legisladores provinciales, funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e inherente a la Ley Nacional de orden público 26.827. El ámbito de aplicación es sobre los lugares de detención, sobre un universo de 350 personas aproximadamente privadas de libertad, cuyo 70% aún espera sentencia judicial.
Jueves 4 Dic 2014
El protocolo establece que las visitas de inspección a cualquier lugar de detención será sin previo aviso.

El protocolo establece que las visitas de inspección a cualquier lugar de detención será sin previo aviso.

En el marco de la Comisión parlamentaria de Desarrollo Social, Salud y Derechos Humanos, que preside la diputada del Frente para la Victoria Claudia Martínez, en la mañana de ayer tuvo lugar una reunión de trabajo en la que se comenzaron a analizar los mecanismos de implementación de la Ley Nacional 26.827, inherente al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sancionada en el año 2012. 
De la misma participaron el responsable de Implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Enrique Font y el secretario de Estado de Derechos Humanos Provincial, Humberto Quiñones, ambos acompañados por sus equipos de trabajo, como así también el legislador radical Héctor Roquel y asesores de diputados que integran la comisión. 
Durante la reunión se explicó que esta Ley Nacional de orden público busca garantizar todos los derechos reconocidos consagrados por la Constitución Nacional, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por ley 25.932, y demás tratados internacionales.

Protocolo Facultativo
De esta manera, desde el Gobierno Nacional se pretende que cada provincia pueda comenzar a implementar mecanismos provinciales bajo los principios que establece la Ley Nacional, como el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, de manera coordinada y complementaria, además de fomentar el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación con el Sistema Nacional, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo. 
Es por ello que desde el Parlamento Provincial, junto al Poder Ejecutivo, se avanzará en la creación de una norma que brinde un marco legal para la instrumentación de este Protocolo Facultativo Provincial, que deberá ser integrado por personas con autonomía de los tres poderes del Estado, y que para garantizar su independencia y desarrollo, deberá contar con un presupuesto propio, teniendo en cuenta que en Santa Cruz existen aproximadamente 350 personas privadas de su libertad, de las cuales el 70% aún no cuenta con sentencia firme por parte de la Justicia.

Inspecciones 
El ámbito de aplicación de la norma será en los lugares de detención, entendidos como “cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los estados Nacional, Provincial o Municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, por orden, instigación, o con consentimiento expreso o tácito de autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad pública”.
Sobre las tareas que se deberán desarrollar desde el Protocolo, se indicó que girarán en torno a las visitas de inspección a cualquier lugar de detención, de carácter regular o extraordinario y sin previo aviso, acompañados por personas idóneas; recopilar y sistematizar información sobre la situación de las personas privadas de libertad, organizando las bases de datos propias que considere necesarias; además de diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promover la aplicación de sus directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes, entre otros. 
Jueves 4 Dic 2014