Ayer se concretó un capítulo más en la polémica desatada por la Trata de Personas en Santa Cruz. Fue un día de denuncias y contradenuncias.

Temprano en la mañana, la Fundación La Alameda amplió su escrito en Buenos Aires ante la Procuración General de la Nación, pidiendo que se investigue, además de los delitos a los funcionarios provinciales, desde el gobernador hasta el último policía.

El Gobierno provincial, tal como lo había adelantado el propio Daniel Peralta, devolvió la ofensiva de la semana pasada, y presentó, a través del fiscal de Estado Carlos Ramos, una demanda penal en el Juzgado Federal de Río Gallegos para que se investigue “la posible comisión de los delitos: explotación sexual con reducción a la servidumbre, trata de personas, la venta y tráfico de sustancias y drogas ilícitas”.

Consultado por La Opinión Austral sobre a quién competía ordenar el cierre de las casas de tolerancia, tal como lo plantea la ley, Carlos Ramos aseguró que “es jurisdicción del Juzgado Federal, ante el delito de Trata, actuar en consecuencia”.

Minutos antes, el jefe de Policía Alejandro Martín presentó, acompañado por su abogado personal, ante el Tribunal Oral una querella por calumnias e injurias contra los autores del video difundido por La Alameda, Gustavo Vera y Juan Grabois.

Mientras que Martín apenas expresó unas escuetas palabras a la salida del Tribunal, asegurando que había interpuesto la querella porque “corresponde” y recordando que “soy una persona nacida y criada en Santa Cruz, como toda mi familia, y esta gente con una investigación bastante banal quisieron dañarnos”.

Por su parte el fiscal de Estado Carlos Ramos, al término de la presentación de la demanda formulada en los estrados del Juzgado Federal, explicó que la misma se hizo “en virtud de las diversas publicaciones periodísticas que surgieron en distintos medios de orden local, provincial y nacional tanto en ediciones gráfica, radiales y televisivas respecto de una investigación periodística que habría realizado la Fundación La Alameda y una posterior denuncia ante la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Nación refiriéndose a diversos ilícitos cometidos en el sector conocido o que ellos denominan el Barrio La Terminal o Las Casitas”.

El gobierno también solicitó que la justicia federal investigue los delitos de “supuesta connivencia de grupos mafiosos, la policía y funcionarios del gobierno provincial”.

“Queremos que se investiguen todos los ilícitos que se mencionan en la denuncia”, dijo Ramos y destacó que “todo hasta aquí son versiones, no hubo ninguna denuncia en ningún juzgado de Santa Cruz y por eso nos presentamos”, afirmó el fiscal de Estado.

Ramos indicó que “en la supuesta denuncia, y digo supuesta porque no nos consta la presentación ante ningún organismo judicial, aluden a diversos ilícitos que ya no refieren a la prestación de servicios sexuales sino que van más allá y que son graves, entendiendo que se refiere a la explotación sexual con reducción a la servidumbre, trata de personas como así también la venta y tráfico de sustancias y drogas ilícitas” como así también que “en algunos sectores de esa supuesta denuncia se informa de una  connivencia entre grupos mafiosos, sector policial y autoridades, funcionarios del gobierno provincial”. 

Asimismo, el fiscal de Estado aclaró que “no compartimos las imputaciones que se le hacen al jefe de Policía, Alejandro Martín, por lo que el propio comisario presentó una denuncia penal, especialmente una querella por calumnias e injurias contra esta supuesta denuncia que lo involucra personalmente en estas actividades ilícitas”.

“Estamos hablando de ilícitos más graves, es por ello que por orden del gobernador (Daniel Peralta) me he presentado en el día de la fecha en la Justicia para que se investiguen estos ilícitos y contra quien correspondiere”, afirmó Ramos.

“El Gobierno provincial a través de las diversas áreas técnicas viene ejerciendo una actividad importantísima tanto en la prevención como en el control y represión de estos tipos de ilícitos, y es así que han trabajado mancomunadamente junto con la Secretaría de Derechos Humanos, junto con el propio Juzgado Federal que ha intervenido en varias denuncias o exhortos remitidos por otras jurisdicciones en más de 28 casos”, detalló.

En el escrito presentado por el jefe de Policía ante la Cámara Oral de la Circunscripción Sur, Alejandro Martín rechaza la publicación realizada en la página web de La Alameda del artículo bajo el título “El Jefe de Policía protege red de trata y prostitución en Río Gallegos”.

Asimismo, en la publicación se acompaña una fotografía de una persona que no corresponde al Jefe de Policía, -expresa la querella-, con un texto sobrescrito que dice en la parte superior “Prostíbulo Venus” y en la parte inferior “Alejandro Martín, Jefe de la Policía de Santa Cruz”.

En dicha publicación se hace referencia a una denuncia presentada por los antes mencionados ante la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a los fines de que se investigue la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de la red de prostitución, eventuales cómplices y encubridores, que operan en una zona conocida como “Las Casitas” de la ciudad de Río Gallegos. 

Martín asegura que “en la denuncia se me imputa falsamente responsabilidad penal en los delitos de acción pública de: trata de personas (…) y de la violación sistemática de las disposiciones de la Ley 12.331, de la Ley 25.871 y 26.346 afirmando que por omisión soy partícipe de dichos delitos, como Jefe de la Policía de la Provincia de Santa Cruz”.

También refiere a la indicación de La Alameda de que en el video hecho por ellos “fui filmado entre las 7.30 y 8 de la mañana del domingo 1 de febrero de 2009 en el prostíbulo “Venus”. En este sentido, Martín señala que dichas afirmaciones son “absolutamente falaces y tendenciosas” para lo cual se detalla el accionar desplegado por la fuerza policial de Santa Cruz en la protección de trata de personas, y consigna la “falsedad” que tiene la foto de la publicación del sitio web de la Fundación La Alameda ya que “puedo acreditar que con fecha 1 de febrero no me encontraba en funciones sino haciendo uso de la licencia anual reglamentaria”.

Tras especificar en la querella las calumnias e injurias contra su persona, Martín requiere a la Justicia que de acuerdo al art 114 del Código Penal se ordene a los querellados y a los propietarios y/o editores de todos los medios periodísticos donde fue reflejado el hecho falso por medio del cual lo sindican como la persona que aparece en el video, que expresamente en el mismo espacio y con la misma trascendencia aclaren que él nada tiene que ver y que no es el sujeto del video ni de la fotografía.