Jueves 19 de Julio de 2012
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Proyecto en Diputados
Ley de Hidrocarburos: quieren devolver el dominio a Nación
Un grupo de diputados radicales presentó en la Cámara Baja un proyecto para derogar la Ley de Hidrocarburos. También buscan declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación la totalidad de los yacimientos operados por empresas privadas.
Jueves 19 Jul 2012
Los diputados radicales Fabián Rogel, Víctor Maldonado, María Luisa Storani, Pablo Orsolini, Eduardo Satín y Luis Sacca presentaron, en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de ley que plantea derogar la actual Ley de Hidrocarburos. 
El proyecto, en su artículo 1°, establece: “La soberanía energética de la Nación, tendrá una matriz independiente de todo requerimiento externo. En virtud de ello, los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en el territorio de la República Argentina, Antártida e islas del Atlántico Sur y la plataforma continental, constituyen bienes estratégicos y son patrimonio inalienable e imprescriptible de la Nación Argentina”.
Por otra parte, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación las fuentes y depósitos de petróleo y de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se hallen en el subsuelo o surjan de la superficie, y que hubiesen sido concedidos a empresas particulares por el Estado.
Así establece en su propuesta que “los contratos de asociación que se celebren con empresas privadas, nacionales y extranjeras que contengan cláusulas lesivas o contrarias al interés nacional o que de cualquier modo pudieran gravitar en la economía de la República, serán nulos de nulidad absoluta”, reza el artículo 6° e insta a elaborar un plan de autoabastecimiento a largo plazo preservando los intereses nacionales.
La intención de este proyecto, cuyos principios se asemejan a los conceptos vertidos, cuando fue el debate por la expropiación de YPF, por parte de legisladores como Pino Solanas de Proyecto Sur o la María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica-ARI, es poner en discusión la potestad que hoy tienen las provincias, luego del reconocimiento constitucional de 1994, sobre el recurso.
Esto ocurre en momentos en que las provincias, en su gran mayoría, discuten con las principales operadoras las concesiones hidrocarburíferas, por un lado o, como el caso de Chubut, avanzan en el dictado de un marco regulatorio, en un paso que ya hizo en Santa Cruz.

Un viejo debate
El pensamiento de que los recursos naturales son de soberanía nacional viene desde antes del inicio mismo de la república. Ya las ordenanzas de Toledo, dictadas en el siglo XVI por el virrey del Perú, Francisco de Toledo, establecían la plena propiedad de la corona sobre los minerales en el Virreynato, algo que fue mantenido en 1783, cuando por Real Cédula se extendió al Virreynato del Río de la Plata la aplicación de dichas ordenanzas.
Con la declaración de la Independencia, en 1813, la Asamblea no modificó el sistema, si bien dictó el llamado “Reglamento de Mayo”, destinado a fomentar la minería.
En 1853, al dictarse la Carta Magna, esta sólo previó que el Congreso dictara el Código de Minería, pero su aplicación correspondería a las jurisdicciones locales. Pero el 9 de diciembre de ese mismo año, la misma Asamblea que acababa de sancionar la Constitución dictó el llamado Estatuto de Hacienda y Crédito, que establece, entre otras cosas, la aplicación de las ordenanzas de la Nueva España y vuelve a reconocer la entidad de las minas como propiedad “pública y nacional”, en cabeza del Estado nacional.
Cuando el Congreso sanciona el Código Civil, mantiene el criterio regalista, aunque determina que serían de dominio de la Nación o de las provincias, “según su ubicación”, y eso también es reflejado en el Código de Minería.
Código que en su artículo 8 concede a los particulares el derecho de buscar, explotar y disponer de ellas “como dueños”. A su vez, prohíbe al Estado explotar o disponer de las minas en el artículo 9, salvo los casos especialmente previstos. Por cierto, cabe advertir que estas normas están aún vigentes.

El siglo XX
En 1910 se sanciona la Ley 7.059, que se podría nombrar como la primera ley específicamente petrolera, pues por medio de ella se autorizó al Poder Ejecutivo a reservar una zona de 5.000 hectáreas en la zona petrolífera de Comodoro Rivadavia, a fin de que fueran concedidas para su explotación por medio de licitación pública.
En diciembre de 1910, Roque Sáenz Peña crea por decreto la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia para explotar la zona de reserva. Y en 1922, bajo la dirección de Mosconi, se crea la dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La idea era controlar la producción de combustibles para la industria y el ejército. Es importante recordar que en esa época, Chubut y Santa Cruz eran territorios nacionales y no provincias. 
En 1927 se discutieron dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Uno referido al régimen legal del petróleo, el otro al régimen administrativo para su explotación. La Unión Cívica Radical sostendría la nacionalización de las minas de petróleo y su explotación por el Estado nacional, por sí, en forma directa y exclusiva, considerando a los hidrocarburos bienes privados de la Nación. 
El Código de Minería, conforme a la modificación de 1934, reconocía a la Nación y a las provincias el derecho a realizar reservas en amplias zonas geográficas, por diez años, que quedaban excluidas de su concesión a particulares, sin nacionalizar el recurso, así las provincias mantenían la jurisdicción por el Código de Minería y obtenían las regalías.
La reforma constitucional de 1949 (derogada por bando militar en 1956) estableció la federalización de las fuentes de energía. El artículo 40 prescribía: “Los minerales, caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias”.

Debate jurídico
Es decir que existió, desde los orígenes de nuestra constitución y la sanción del Código Civil, un debate jurídico y político respecto de la reivindicación de las provincias a ser propietarias de los recursos.
La Ley 14.773, sancionada en noviembre de 1958, mantuvo el espíritu de federalización del petróleo que venía desarrollándose desde aquel Código de Minería de Oro que prohibía al Estado la explotación y daba a las provincias el dominio originario.
En 1960 se sancionó la Ley 15.735, que establecía la participación de las provincias en el producido y fue observada por el Poder Ejecutivo. La jurisdicción federal se mantuvo luego con la sanción de la Ley 17.319. Esta ley está aun vigente, pero con relevantes reformas emergentes de la sanción de la Ley 24.145, la reforma de 1994 de la Constitución Nacional (artículo 124), el DNU 506/03 y la Ley 26.197, llamada “Ley corta”, las que, finalmente, eliminaron la jurisdicción federal, al menos en gran medida.
En 1990 el ex presidente Menem transformó a YPF, que entonces era una sociedad del Estado, en una sociedad anónima y luego dispuso su privatización. 
La Ley 24.145 comenzó el proceso de provincialización. Así, el artículo 1 estableció la transferencia a las provincias del dominio público sobre los yacimientos existentes en sus territorios o hasta las 12 millas marinas. Pero esa ley a la par que transfería competencias a las provincias sobre ciertos yacimientos, en su título II continuaba el plan de privatización, aprobando los decretos del Poder Ejecutivo sobre esa materia. 
En 1994 la reforma constitucional permitió la incorporación en el actual artículo 124 de un segundo párrafo, que establece: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. 
Ante la sanción de la reforma recién en el año 2003, se dictó en el ámbito federal una norma relevante respecto del domino de los yacimientos, es decir, de las facultades de administración y explotación del poder público. El Decreto 546 de ese año hace referencia en sus considerandos a la situación “jurídicamente ambigua” reflejada, en que las provincias eran las titulares constitucionales del recurso, pero carecían de atribuciones por el régimen legal de la Ley 17.319.
Se creaba un régimen doble. Las áreas ya concesionadas se mantenían bajo jurisdicción federal. Las nuevas o las que revirtieran, fuera por voluntad del concesionario o por la sanción que la autoridad nacional les aplicara, caducando sus derechos por incumplir sus obligaciones, devenían en jurisdicción provincial.
El esquema de provincialización concluye en el año 2006 con la sanción de la llamada “Ley corta” (Ley 26.197). Allí se establece que pertenecen al patrimonio “inalienable e imprescriptible” de la Nación o las provincias los yacimientos de hidrocarburos, según el lugar en que se encuentren. Respecto del mar, hasta las 12 millas se reconocen patrimonio de las provincias o la ciudad de Buenos Aires. La ley les otorga a las provincias la administración de los yacimientos, aún los que habían sido concesionados por el Estado nacional.
Según la nueva ley, las facultades de las provincias son las que surgen de la Ley 17.319. Entre ellas las de renovar las concesiones, controlar los contratos, aplicar las sanciones, etc. El Gobierno de la Nación se reserva el diseño de las políticas energéticas a nivel federal.
Jueves 19 Jul 2012